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En Latinoamérica y el Caribe se observa con suma preocupación como las oportunidades no llegan a cada ciudadano, generando esto, una desigualdad pasmosa que se evidencia por el alto porcentaje de personas que viven en el triste estado de la pobreza.

En razón de lo anterior es fundamental procurar por parte de los Estados, la aplicación de políticas de inclusión laboral y social, que respondan de manera efectiva a la reducción considerable de esta alarmante situación o condición social y económica de esa población que no logra cubrir o satisfacer sus necesidades básicas.

República Dominicana se encuentra entre los países que ha logrado una mayor reducción de la pobreza en la región, según el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) este avance se debió a que los ingresos laborales fueron la fuente que más se incrementó en los hogares de menores recursos. Pero aun así el país tiene una tasa de pobreza extrema que se coloca entre el 5% y el 10%. Dada esa realidad, el Banco Mundial, mediante un Diagnostico Sistemático de País, identificó que para convertirnos en una nación de alto ingresos para el 2030, debemos enfrentar seis desafíos o retos de manera prioritaria: mejorar el equilibrio fiscal, promover un mejor ambiente de negocios, mejorar la gestión de los recursos naturales, mejorar la resiliencia ante los desastres y los riesgos relacionados con el clima, aumentar la transparencia, la responsabilidad en la formulación de políticas y aumentar su capital humano.

La Constitución de la República, en su artículo 62, consagra que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Ese mismo texto constitucional plantea que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Pero lamentablemente ese derecho no siempre resulta ser protegido y de manera recurrente se vulnera sin contemplación, cuando vemos que una persona con más de 45 años, se le hace muy difícil conseguir un empleo, ya que lo consideran un ¨viejo¨ de manera despectiva; suscitando esto desesperación, desesperanza y conflictos con impredecibles consecuencias en el seno familiar y en la paz social. Y todo esto ocurre a pesar de que nuestra carta magna prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo.

Somos de opinión que la experiencia es un gran valor que no debemos desechar. Cuando contamos con una fuerza laboral compuesta por personas con cierto grado de madurez, tenemos entonces la posibilidad de contar con un capital humano más reflexivo, con valores firmes y bien definidos, con veteranía y alto sentido de la vida. La edad no es ninguna limitación para desempeñar un trabajo correctamente, lo que puede condicionar es el estado de salud y la formación. Ahora en cuanto a la formación, toda persona tiene a lo largo de su vida, la capacidad de aprender, es cuestión de tener oportunidad y querer hacerlo.

Es por ello que favorecemos las políticas encaminadas al primer empleo en los jóvenes, pero también somos participes de que el Estado promueva la diversidad generacional, a través de la puesta en práctica de programas de inclusión laboral en personas de 45 años y más.

Encontrar lo que uno quiere hacer y asegurar una oportunidad para hacerlo, es la clave de la felicidad. (John Dewey).

Ángel Gomera

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